La Constitución Política de Colombia de 1991 (CPC) plantea en su artículo 122 que “no habrá empleo público  que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”(…), además la CPC define en su artículo 123 que, “son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”(…).

En principio se pensaría que conforme están escritas las normas, todo debería marchar a la perfección, pero nuestro mundo no es un mundo de ángeles, nuestros tiempos y aconteceres han demostrado que “hecha la norma hecha la trampa”, además la sociedad colombiana ha mostrado en los últimos tiempos un deterioro en los valores y principios humanos, de lo que no se escapa ni siquiera quienes ostentan la calidad de administradores del sistema de justicia de una sociedad tan desigual como la colombiana, como se pudo registrar ante los medios masivos de comunicación en los últimos días en donde jueces y magistrados se han visto involucrados en hechos de corrupción.

Se esperaría que las Universidades, por su calidad y carácter serían espacios vedados para cualquier intento de corrupción, pero la realidad muestra otra cosa, las universidades no son el mejor ejemplo de lo que no debería hacerse con los bienes y los recursos del Estado.

Creo en la posibilidad de que las Universidades desarrollen más fácilmente que otras instituciones un ejercicio de reflexión y autocrítica que permita la restauración de unos valores y principios, a lo cual invito a quienes tienen injerencia en la toma de decisiones, ya que son las universidades las que en épocas tan difíciles deben marcarle el rumbo a una sociedad que ha perdido la esperanza.